TITULO: MÁS QUE UN JUICIO CIVIL
AUTOR: JENARO VILLAMIL
FUENTE: REVISTA PROCESO
FECHA: ENERO 2007
GÉNERO: ARTÍCULO
MEDIO: PRENSA

Si los jueces mexicanos confirman la sanción en contra de Proceso y la periodista Olga Wornat, por supuesto daño moral a Marta Sahagún, esa victoria “pirrica”, pronostica el abogado argentino Pablo Miguel Jacoby.

Y aclara que, de ratificar el fallo, los jueces abrirán la compuerta para un litigio internacional, en especial ante CIDH, lo que finalmente beneficiará a la revista y pondrá en entre dicho los estándares mexicanos sobre la libertad de expresión.

Jacoby sostiene que la mayoría de los juicios adversos contra periodistas ante tribunales argentinos se han ganado definitivamente en CIDH. Algo similar puede ocurrir en México, dice en la entrevista con dicho semanario, y advierte que este tipo de condenas tiene una trascendencia jurídica por que este tipo de condenas puede colocar a nuestro país “en la avanzada libertad de expresión o la retaguardia de la censura”.

Considerado en Argentina como el mejor defensor de periodistas acusados durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, abogado del periódico página 12 y de reporteros como Miguel Bonasso, Jorge Lanata y Horacio Verbitsky, Jacoby advierte que si los jueces mexicanos “pretenden pisotear la libertad de expresión, finalmente van a terminar elevándola en un asunto de primer orden”.

Y es que, arguye, la resistencia de los tribunales a darles jerarquías constitucional a los pactos internacionales sobre libertad de prensa y derecho a la información no es privativa de México.

“En general, los tribunales quieren ser dueños de la última palabra en la justicia y resisten a la globalización de los derechos. Aceptan la globalización de la economía pero están en contra de la justicia y el derecho, sobre todo en materia penal, a pesar de que se ha desarrollado de una manera aceleradísima la doctrina sobre los crímenes de lesa humanidad, así como la posibilidad de extradición de genocidas de un país a otro”, reflexiona.

Así mismo, abunda sobre el problema del derecho a la intimidad frente al derecho a la información y subraya que las tesis más modernas sobre el tema advierte que las figuras publicas “renuncian voluntariamente” a buena parte de su privacidad e intimidad, salvo en asuntos de alcoba o de preferencias sexuales.

Jacoby también advierte que el secreto profesional del periodista debe adquirir rango constitucional porque le da una jerarquía jurídica superior a la de una ley secundaria.

Acerca de las sátiras y los cartones humorísticos contra los funcionarios, Jacoby advierte que el “derecho a la parodia” protege a todos aquellos que se dedican a burlarse de los políticos.

COMENTARIO:

Esta nota hace referencia al acoso que se le da a los periodistas por falta de la libertad de expresión, puesto que en nuestro país un periodista “no puede” criticar a una figura publica como lo es Marta Sahagún, poues al hacerlo se vera involucrado en grandes problemas.
En ocasiones, un periodista no puede publicar información debido a que ésta puede provocar problemas laborales, personales e incluso legales.
Una de las preguntas que yo me hago es, ¿Hasta cuando se dejará de violar la libertad de expresión?.

servido por mayra elizabeth 1 comentario compártelo